Los expertos piden cambios legislativos para crear un banco de datos de ADN de condenados por delitos violentos al que tengan acceso todos los cuerpos policiales y abogan por la libertad vigilada posterior a la excarcelación
Es la primera vez que el Congreso escucha el resultado del trabajo de una comisión de expertos sin que haya un proceso legislativo abierto
El ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), José María Mena, ha presentado hoy las conclusiones de la Comisión para el estudio de las medidas de prevención de la reincidencia en delitos graves, ante los miembros de la Comisión de Justícia del Congreso de los Diputados, los de la Mesa y los portavoces de los diferentes grupos. En una reunión a puerta cerrada, Mena ha hecho una exposición de los trabajos del grupo de expertos, integrado por catorce profesionales de diferentes disciplinas, y creado en julio del año pasado, para dar respuesta a la creciente preocupación social ante la excarcelación de personas que, una vez acabada su condena, presentaban un pronóstico de alto riesgo de reincidencia.
Los objetivos de la Comisión, que fue impulsada por el Departament de Justícia de la Generalitat y por la Fiscalía Superior de Catalunya, fue la elaboración de propuestas de modificación legislativa para actuar de manera preventiva en delitos que afectan a la vida o a la libertad sexual, la mejora de la coordinación entre las diferentes administraciones implicadas, y el planteamiento de nuevas acciones para mejorar la atención a las víctimas.
La comisión, que trabajó durante siete meses, estuvo presidida por el ex fiscal jefe del TSJC, José María Mena.
Diez propuestas
Entre las propuestas, diez en total, destacan las siguientes:
-Priorizar la atención y la asistencia adecuada a las víctimas, mediante el cumplimiento efectivo de los protocolos de atención a este colectivo y el uso de todos los medios procesales al alcance para evitar la victimización secundaria de las personas que han sufrido este tipo de delitos.
-Reformar el Código Penal para añadir la “vigilancia de conducta” o “libertad vigilada” como instrumento de control posterior a la excarcelación de personas condenadas por determinados delitos. La medida la acordaría el juez o tribunal en la sentencia, con un límite de duración ajustado a la gravedad del delito.
-Crear un banco de datos de ADN de condenados por delitos violentos al que tengan acceso todos los cuerpos policiales. La Comisión considera necesario hacer reformas legislativas que permitan ampliar esta base de datos con los identificadores obtenidos de manera no voluntaria de todos los condenados por estos delitos. Entretanto, la Comisión recomienda que se fomente la cesión de los datos de ADN de los internos por delitos violentos especialmente graves, en especial cuando llegan a la fase de libertad condicional.
-Utilizar los tratamientos farmacológicos, incluyendo los de supresión hormonal reversible, cuando haya aceptación voluntaria y consentimiento informado por parte del interno. Este tratamiento tendrá que estar vinculado a programas terapéuticos, que han demostrado científicamente que son eficaces en la disminución de la reincidencia.
Comisión multidisciplinaria
La Comisión para el estudio de las medidas de prevención de la reincidencia en delitos graves está formada por profesionales de reconocido prestigio del mundo del derecho, la seguridad, la universidad, la medicina y la comunicación, entre otros ámbitos. Son miembros:
José María Mena: Ex fiscal jefe del TSJC. Durante 10 años ejerció como fiscal jefe de Catalunya, hasta su jubilación, en diciembre de 2006. Mena empezó su carrera profesional en el año 1964 en Santa Cruz de Tenerife. Tres años después llegó a Barcelona. En 1972 fue trasladado a Lleida y en el 1975 volvió a la Ciudad Condal.
Roser Bach: magistrada de la Sección 3a Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona.
Àngel Cuquerella: médico forense de la Clínica Medicoforense. Licenciado en medicina y psicología. Especializado en antropología y biología forense por la Universidad Complutense de Madrid.
Miquel Esquius: jefe de la Región Policial Central del cuerpo de los Mossos d’Esquadra.
Ramon García Albero: catedrático de derecho penal de la Universidad de Lleida.
Cristóbal Martell: especialista en derecho penal. Diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona y profesor de derecho penal en la Universidad Abat Oliba.
Joan Carles Navarro: director del Centro Penitenciario Brians 1. Desde hace más de 10 años ejerce su profesión de psicólogo en los centros penitenciarios catalanes. Lo ha hecho en el CP Quatre Camins y en el CP Brians 1. Posteriormente fue nombrado subdirector de Tratamiento del CP Brians 2. Además, es profesor de la licenciatura de criminología de la Universitat de Barcelona.
Milagros Pérez de Oliva: periodista especializada en salud y biomedicina. Premio Nacional de Periodismo. Redactora jefe del diario El País; también es responsable del suplemento de salud del rotativo.
Jordi Pou: jefe del Servicio de Pediatría y Urgencias del Hospital Sant Joan de Déu y presidente de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas (SEUP). Coautor de diversos libros sobre la infancia y la adolescencia como El entorno social, niño y adolescente. Familia, adolescencia, adopción e immigración. Miembro del grupo de trabajo del protocolo de actuación clínico asistencial de maltratos agudos en la infancia (octubre 2006). Pionero también en el trabajo multidisciplinario para la detección de abusos sexuales.
Francesca Puigpelat: catedrática de filosofía del derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es decana de la Facultad de Derecho de la UAB, miembro del Consell de Justícia de la Generalitat en representación de los decanos de las facultades de derecho catalanas y presidenta de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política. Destacan sus trabajos en bioética.
Carlos Ramos: magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña desde el año 2004.
Eduard Ruiz Castañé: director del Servicio de Andrología de la Fundación Puigvert. Responsable del Área de Urología del Centro Médico Les Moreres (Ripollet), el Centro Médico Montcada (Montcada i Reixach) y el Centro Médico Cerdanyola Asistencial (Cerdanyola del Vallès).
Josep Maria Tamarit Sumalla: director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho y Economía de la Universidad de Lleida.
Joan Xirau: director del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada del Departamento de Justícia des del año 2004. Anteriormente había ocupado la Subdirección de la Escuela de Administración Pública de Catalunya. Es licenciado en derecho por la Universidad de Barcelona.
